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Archivos y justicia

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jueves 4 de febrero de 2010

Un carrito en el juzgado de Negreira

La Xunta envía una bolsa con ruedas para ahorrarse pagar un servicio postal

Juzgado de Negreira

Carro de la compra que envió la Xunta al Juzgado de Negreira como solución a sus problemas con el transporte del correo.- ÓSCAR CORRAL

SILVIA R. PONTEVEDRA - Santiago - 04/02/2010

"como el carrito de mi abuela", bromea una trabajadora del Juzgado de Negreira cuando se le pregunta por el dispositivo de última generación que ideó la Xunta para solucionar el problema que arrastraban aquí con los envíos postales. El carro de la compra lleva desde antes del verano en el archivo, pero todavía luce las ruedas blancas porque, en realidad, en Negreira nunca lo usaron.

Los funcionarios sabían que la juez, Raquel Fernández, había coincidido en la presentación de un libro con el director general de Xustiza, Juan José Martín, y que ella aprovechó la ocasión para llorarle un poco, la única forma que tienen los jueces de pueblo para ir rascando medios materiales. La juez describió al representante de la Xunta las dificultades que tenían sus trabajadores para llevar a la oficina de Correos la cantidad (bastante voluminosa y pesada, entre cinco y ocho kilos) de citaciones y pleitos de varios tomos que empachan este juzgado de la provincia de A Coruña, y éste le respondió que miraría el asunto. Efectivamente, lo miró. Y pasado el tiempo, un día por sorpresa llegó al Juzgado el regalo de la Xunta: la bolsa con ruedas de ir a la plaza. Lo cierto es que se llevaron una decepción, porque en Negreira hubieran preferido algún tipo de dieta para el funcionario que se prestase a trajinar el papeleo; o al menos que la Xunta pagase a final de mes la gasolina del que pone el coche.

El problema radica en la distancia que separa la oficina de Correos del edificio en el que se administra la Justicia. Entre un inmueble y el otro hay 700 metros de aceras y asfalto. Setecientos que son 1.400 con la ida y con la vuelta. Lo saben porque lo mandó medir Miguel Formoso, responsable de medios personales de la Dirección Xeral de Xustiza. Si fueran algunos metros más, el Juzgado nicrariense estaría salvado.

Tendría derecho a que la Xunta le pagase el servicio de cartero de ida y vuelta, un convenio con Correos por el que la empresa pública, además de llevar las cartas, recoge los sobres y paquetes generados por los juzgados. Pero como no es así, y el carro, según el personal de Negreira, no es la solución, últimamente es la juez quien se encarga de hacer los viajes a Correos en su propio utilitario.

Aunque ésta no es la única queja que tienen los trabajadores del Juzgado de Negreira para con la Xunta. Sus números son semejantes a la suma de los dos juzgados de Noia. En 2009 entraron más de 700 asuntos civiles (cien más que el año anterior) y se doblaron los exhortos. El partido judicial abarca Negreira, Santa Comba, A Baña y Brión, y el personal no da abasto. Mientras se atienden las causas penales o los urgentes casos de violencia de género, quedan aparcados los expedientes de adopción o los de nacionalidad para inmigrantes, y se acumulan las minutas sin transcribir porque faltan manos. Los usuarios, después, presentan quejas, y eso se traduce en más tiempo perdido, porque el juzgado debe responder de ellas por escrito ante los órganos de control de la Justicia.

"En la Xunta meten las peticiones en un cajón porque dicen que no hay dinero", protesta un trabajador, "pero aunque la Xunta es quien tiene que aportar los medios, quien exige resultados y nos manda las inspecciones es el Tribunal Superior. La cabeza va por un lado y el cuerpo por otro, y mientras, nosotros, a aguantar y callar, estresados y con una enorme sensación de impotencia".

En una de estas inspecciones, el Superior emitió un informe en el que concluía que Negreira soportaba mucha carga de trabajo y precisaba de dos funcionarios más para seguir adelante. La Xunta, en vez de dos, mandó uno. O mejor dicho, una. Una trabajadora que no tenía "experiencia ninguna pero que ahora, después de casi dos años, está formada y ayuda mucho". La prepararon sus propios compañeros, con paciencia y muchas horas de dedicación, aunque su puesto para nada está asegurado, porque la Administración gallega le renueva contrato cada tres meses. Gracias a este refuerzo, en Negreira, además de la juez y el secretario, trabaja una plantilla de seis funcionarios que realizan tareas que no les corresponden y por las que tampoco cobran. Mientras tanto, para cubrir una baja, hace una semana la Xunta envió a un oficial licenciado en derecho que, sin embargo, no sabe informática y teclea con dos dedos. Cobra más que los demás, pero los de abajo tienen que instruirlo.

"Aquí, para sacar adelante el día a día, dependes de la buena voluntad de los compañeros", comenta una funcionaria. Tino, por ejemplo, pertenece al cuerpo de Tramitación, por debajo del de Gestión, y aunque no le toca se está encargando de los asuntos penales. Lleva siete años de interino, pero está considerado por sus superiores "el alma del juzgado". Sin embargo, en septiembre, se incorporará la persona de baja a la que está sustituyendo y tendrá que marcharse. Todo porque hay un decreto de la Xunta que obliga a destituir al interino de más antigüedad.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/carrito/juzgado/Negreira/elpepiautgal/20100204elpgal_14/Tes

Fracasos policiales

Los archivos judiciales contienen numerosos casos sin resolver. Este es el relato de cuatro de los más famosos

Fracasos policiales
El niño pintor. Desapareció el 6 de abril de 1987 cuando se dirigía a una entrevista. Salió de casa para coger el autobús y no llegó a su destino. :: EFE

Un año después de su desaparición, tras centenares de horas de interrogatorios y semanas de intensa búsqueda de su cadáver en el río Guadalquivir y en un vertedero, el caso de Marta del Castillo amenaza con convertirse en uno de los mayores fracasos de la investigación criminal en España, por más que el fiscal haya concluido ya su escrito de acusación. Uno más que añadir a la lista negra que hay en todos los países. Porque si, como aseguran los especialistas, no hay crimen perfecto, sí existen expedientes que por razones diversas han sido imposibles de resolver. Algunos destacan de manera especial, como piedras en el zapato de los investigadores, porque en su momento mantuvieron en vilo a la opinión pública. Cuatro de esos crímenes o posibles crímenes sin solución son los del arquitecto Ricardo Urgoiti y el cortijo Los Galindos y las desapariciones del niño pintor de Málaga y el hijo del camionero accidentado en Somosierra. Son casos abiertos aunque nadie podrá ya ser procesado por ellos.

En el cortijo 'Los Galindos', una finca de 400 hectáreas propiedad de Gonzalo Fernández de Córdoba, marqués de Grañina, algunas rutinas parecen alteradas desde la mañana del día 22 de julio de 1975. Manuel Zapata, el capataz, ordena a primera hora a un grupo de empleados de la finca una tarea inusual: limpiar una amplia zona de pinos situada lejos de las dependencias principales del cortijo. A la hora de comer, por razones que nunca llegarán a saberse, el tractorista José González va a casa a buscar a su esposa, Asunción Peralta, que está embarazada y antes de casarse ha trabajado en 'Los Galindos' pero que hace meses que no pisa la finca. Es lo último que se sabe a ciencia cierta de cuanto ocurre allí antes de que se produzca un quíntuple asesinato.

Pasadas las cuatro de la tarde, los trabajadores que limpian el pinar ven cómo sale un humo espeso de un cobertizo junto a la casa del marqués y acuden raudos a ayudar a apagar el incendio. Cuando llegan, el fuego se consume solo y un olor a gasolina impregna el aire. En el interior del pabellón descubren dos cuerpos carbonizados que no identifican. De inmediato avisan a la Guardia Civil del puesto de Paradas. El comandante, un cabo y un número se presentan en el lugar y empiezan a registrar el cortijo. Es media tarde, luce un sol brillante típico de los veranos andaluces y los empleados no son capaces de explicar a los guardias civiles dónde están los otros ocupantes de la finca. Para cuando llegan de Sevilla su propietario y el administrador, los agentes han identificado los cadáveres: son el tractorista José González y su esposa. Después se sabrá que alguien les disparó antes de rociarlos con gasolina y prenderles fuego. También han descubierto un rastro de sangre que les lleva hasta la habitación de Zapata. Derriban la puerta, que está cerrada con un candado, y encuentran el cuerpo de su esposa, que yace en la cama bañada en sangre. La mujer ha sido golpeada en la cabeza con una pieza de una máquina agrícola, que está tirada en el suelo.

Las sospechas apuntan hacia Zapata, que no aparece pese a que numerosos guardias civiles y policías municipales de Paradas rastrean el paraje. A última hora de la tarde, en una cuneta y cubierto de paja hallan otro cadáver al final de un reguero de sangre, pero no es el capataz, sino el tractorista Ramón Parrilla. La hipótesis más verosímil es que recibió un tiro y, herido, trató de escapar hasta que fue alcanzado por el asesino o los asesinos.

Contra su costumbre, el marqués y su administrador se quedan a dormir esa noche en el cortijo. Lo harán también la siguiente, con la finca custodiada sólo por un par de guardias civiles. El día 25, con las primeras luces, un agente descubre muy cerca de la casa, en un lugar que ha sido examinado una y otra vez, un quinto cadáver bajo unos sacos de paja. Esta vez sí es el de Zapata. Tiene el cráneo destrozado por un golpe asestado por la espalda con la misma pieza metálica que se encontró en su habitación.

El funeral se celebra días después en la iglesia parroquial de Paradas y se convierte en una ceremonia de duelo y sospecha. Bajo la mirada de la 'Magdalena penitente' pintada por El Greco, muchos de los asistentes -allí están los marqueses y el administrador, los trabajadores de la finca, los familiares de las víctimas y centenares de vecinos del pueblo- parecen estar convencidos de que los asesinos están allí, entre ellos, participando en el sepelio.

El caso pasó de un juez instructor a otro durante años. Incluso intervino en la investigación el famoso forense Luis Frontela. Una hipótesis que se mantuvo abierta durante un tiempo fue la de que el crimen se debió a una disputa familiar entre los dos matrimonios -González había pretendido tiempo atrás a una hija de los Zapata- y de que fue el tractorista quien mató a los demás. Parrilla habría tenido la mala suerte de estar allí en el peor momento. Finalmente fue desechada.

El escritor Alfonso Grosso investigó por su cuenta y publicó el resultado de su trabajo en una novela titulada 'Los invitados', llevada al cine. Él siempre defendió que los asesinos llegaron de fuera y que el móvil era un asunto de drogas, pero ningún juez hizo demasiado caso a su versión.
El caso prescribió y figura como uno de los mayores fracasos de la investigación policial española.

Miércoles 25 de junio de 1986. Andrés Martínez conduce su camión, un Volvo F-12 cargado con 20.000 litros de ácido sulfúrico fumante, por la N-1 camino de Somosierra. Viaja rumbo a Bilbao, acompañado de Carmen Gómez, su esposa, y su hijo Juan Pedro, de 10 años. Los tres tienen la intención de disfrutar de unos días de descanso en el País Vasco, una vez entregada la carga.

Casi está amaneciendo cuando paran a desayunar en un mesón de Cabanillas de la Sierra. En la posterior investigación policial, el camarero que los atiende dará detalles suficientes para corroborarlo sin lugar a dudas. Es el último testigo que los ve con vida.

El camión reanuda la marcha. El posterior examen del tacógrafo revelará que entre Cabanillas y el punto kilométrico 95 -algo menos de 50 kilómetros- de la vieja N-1, aún no desdoblada en autovía, el vehículo emplea una hora y 23 minutos. Un tiempo inusualmente largo que sólo se explica por el hecho de que se detiene una docena de veces. Los investigadores no encontrarán explicación alguna para ello y nada indicaba, al menos hasta la parada para desayunar, que el camión tuviera problemas mecánicos.

A las 6.40, el Volvo desciende el puerto de Somosierra a gran velocidad. Algunos testigos con los que hablará la Guardia Civil minutos más tarde aseguran que iba «casi a 200 por hora». El tacógrafo demostrará que circulaba a 120. Andrés Martínez hace una verdadera 'gymkana', ayudado por el escaso tráfico que hay a esa hora y por la existencia de un segundo carril en sentido ascendente. Ante la mirada aterrada de los conductores con los que se encuentra, adelanta a dos camiones, esquiva a duras penas a un tercero que sube y choca lateralmente con otro antes de salirse de la calzada, volcar y perder buena parte de su carga.

Cuando llega la Guardia Civil, una nube tóxica se eleva sobre la zona, por el contacto del ácido sulfúrico con las aguas de un arroyo que vierte en el río Duratón. Los agentes cortan el tráfico en la vía (así seguirá casi 20 horas) y alertan sobre la posibilidad de un desastre ecológico. Hacia las nueve de la mañana, los bomberos extraen dos cuerpos del amasijo de hierros humeantes en que se ha convertido la cabina del camión. Son los del conductor y su esposa.

Durante horas, los partes oficiales hablan sólo de esas víctimas mortales (el conductor del último vehículo con el que ha colisionado el Volvo ha resultado herido grave). Por la tarde, cuando logran identificar los cuerpos y se ponen en contacto con la familia, en Murcia, la madre de Carmen pregunta por el niño. Hasta ese momento, la Guardia Civil no sabía que debía buscar a una tercera persona.

Los agentes revisan de nuevo los restos y descubren un trozo de una zapatilla infantil. Después rastrean la zona a conciencia, cada vez más lejos del lugar del accidente hasta llegar al punto más alto de la carretera. Nada, ni rastro del niño. Vuelven a interrogar a los testigos pese a que algunos han demostrado ser muy poco fiables. Uno de ellos asegura haber visto instantes después del accidente una furgoneta que también descendía el puerto a gran velocidad y que se detuvo a la altura del Volvo. Siempre según esa versión, dos hombres bajaron de la misma, se acercaron al camión, sacaron una bolsa de entre los restos de la cabina y se la llevaron.

Durante meses circulan diferentes teorías sobre el niño -varias personas aseguran haberlo visto en distintas ciudades españolas- y las causas del accidente. Los investigadores estudian la posibilidad de que el cadáver del pequeño se disolviera en el ácido sin dejar restos, pero la descartan. Poco a poco se abre paso la hipótesis de que en el camión podían transportar algo más que ácido. Eso justificaría tantas detenciones en la subida a Somosierra (¿debían entregar algo a alguien?) y la velocidad de vértigo del descenso. Quizá Andrés Martínez estaba huyendo, pero no se encuentra ninguna pista sobre de quién huye. En cuanto a Juan Pedro, nunca se ha podido demostrar si en el momento del accidente iba en el camión o si en una de esas paradas cambió de vehículo. De manera oficial, la desaparición del niño de Somosierra no tiene explicación y sus padres murieron en un accidente fortuito.

David Guerrero, un niño malagueño de 13 años, salió de su casa el día 6 de abril de 1987 y nunca regresó. El 'niño pintor', como empezaba a ser conocido en el reducido círculo que frecuentaba las galerías de arte de la capital, había expuesto en una de ellas un cuadro que representa la imagen del Cristo de la Buena Muerte, uno de los pasos -tronos, los llaman allí- de la Semana Santa local. Los críticos se fijaron en él y pronto conocieron la historia del muchachito, que manejaba los pinceles incluso antes de saber leer.

Aquel lunes había quedado para hablar con un periodista. Después de comer se entretuvo viendo la televisión. La madre lo recuerda algo nervioso, quizá por tener que enfrentarse a su primera entrevista. Su marido tenía intención de acompañarlo pero un asunto relacionado con su trabajo se lo impidió. Por eso le preguntó si conocía el lugar al que debía ir, una galería donde se exponían algunos otros cuadros suyos, e incluso le ofreció hacerle un pequeño plano. Pero el muchacho le contestó que no lo necesitaba porque sabía el camino.

David salió de casa a media tarde para coger el autobús en una parada próxima. Es lo último que se sabe de él. Los padres denunciaron su desaparición entrada la noche, cuando se alarmaron por la tardanza y se enteraron de que ni siquiera llegó a la galería.

Los investigadores se centraron primero en la posibilidad de una fuga voluntaria, pero en la personalidad de David no encajaba un comportamiento así. Tampoco el hecho de que saliera de casa sin documentación y con muy poco dinero. La familia nunca creyó probable que la desaparición estuviera relacionada con su faceta artística, dado que muy poca gente sabía de su valía. Sin embargo, en cuanto trascendió la denuncia, varias personas pretendieron comprar sus cuadros.

Años después, descubrieron el cadáver de un joven en Gibralfaro. La Policía estimó que podía ser el de David, pero las pruebas de ADN lo descartaron. Mientras tanto, son muchos quienes creen haberlo encontrado. Una pareja de viaje de novios en Portugal vio a un joven que podría tener su edad en ese momento y pintaba en la calle. Lo grabaron en vídeo y a su regreso llamaron a los padres. Tampoco era. Si está vivo, David Guerrero tiene ahora 36 años.

El arquitecto Ricardo Urgoiti fue asesinado el 30 de septiembre de 1972 en Madrid. Tres jóvenes llamaron a la puerta de la empresa de su propiedad, una pequeña constructora cuya oficina estaba en la calle Máiquez, muy cerca del parque del Retiro, y encañonaron a la secretaria cuando ésta abrió. Urgoiti fue a ver qué sucedía y nada más aparecer en el vestíbulo uno de los asaltantes disparó sobre él. La bala penetró por un ojo, causándole una muerte instantánea. El aparejador de la empresa que, sorprendido por el ruido corrió también a la puerta, recibió otro balazo, aunque sólo sufrió una herida menor. Ahí acabó todo. Los tres hombres salieron a la calle sin pronunciar palabra, se subieron a un coche en el que un conductor les esperaba con el motor en marcha y huyeron.

La Policía fue descartando uno tras otro posibles móviles: los asaltantes no tenían intención de robar, ni en aquella oficina había nunca una suma de dinero que justificara la participación de cuatro personas en el ataque; no se halló nada en la vida personal y profesional de Urgoiti que pudiera haberle creado enemistades tan profundas; no había ningún indicio de que se tratara de un crimen político ni de que el arquitecto hubiese sido víctima de alguna mafia; se descartó incluso un asesinato por error tras haber investigado a personas con las que pudo haber sido confundido.

Semanas después, la Policía detuvo a varios jóvenes por atracar algunas gasolineras de la capital. A uno de ellos se le relacionó con el asesinato. Pero, cuando fue sometido a una rueda de reconocimiento, ni la secretaria ni el aparejador lo identificaron. Pasado un tiempo, el juez dictó libertad bajo fianza para el atracador. Dos días después, su familia denunció su desaparición, lo que añadió confusión a un caso en el que la Policía nunca tuvo ninguna pista sólida. Fue uno de los más célebres expedientes policiales sin resolución de los años setenta.

http://www.eldiariomontanes.es/20100201/sociedad/destacados/fracasos-policiales-20100201.html

El Gobierno de Italia se blinda ante la justicia por 18 meses

El Senado discutirá la norma "del legítimo impedimento", que avala que el primer ministro no puede ser juzgado mientras ocupa su puesto

MIGUEL MORA - Roma - 03/02/2010

La Cámara de los diputados italiana ha aprobado este miércoles la ley "del legítimo impedimento", una norma transitoria y retroactiva que salvará a Silvio Berlusconi -y de paso protegerá a su Gobierno- de los procesos en los que está imputado hasta que se apruebe, en 18 meses, una ley constitucional de inmunidad.

La iniciativa, que ahora pasa al Senado, consta de solo dos artículos y avala que el primer ministro y sus ministros no pueden ser juzgados mientras ocupan sus puestos, "con el fin de consentirles un sereno desarrollo de sus funciones". Tras la votación -316 votos a favor, 239 en contra, y 40 abstenciones-, hubo abucheos, lanzamiento de objetos, carteles ("Casta de intocables", "Constitución violada") y bronca general.

La mayoría de centro derecha se vio forzada, dada su prisa por ratificar la norma, a aceptar decenas de excepciones a la ley que fueron propuestas de forma provocadora e imaginativa por la oposición. Así, quedan excluidas las fiestas patronales y las ferias de cada provincia italiana, las reuniones de partido, diversas tipologías conferencias de prensa o el encuentro anual de Comunión y Liberación. Todas esas citas no constituirán legítimo impedimento y no podrán ser invocadas para aplazar los juicios. La ley tampoco contempla paralizar los procesos en los que Berlusconi y sus ministros sean parte lesa.

El líder de la oposición, Pierluigi Bersani, usó tonos inusualmente duros para explicar el voto contrario de su grupo. "Hasta hoy, un primer ministro imputado que no se presentaba a un proceso debía justificar la razón. Desde mañana puede no ir al tribunal porque debe trabajar serenamente. La realidad es que Berlusconi no quiere ser procesado y entretanto deja el país encallado, bloqueado en su choque con la justicia. Estos atajos a medida generan en muchos italianos repulsión e indignación".

Fabrizio Cicchitto, portavoz de la mayoría, replicó que "la ley responde a una vieja cuestión italiana: el uso político de la justicia. La izquierda cree que es un arma más para liquidar al adversario político. Berlusconi sufre ataques permanentes desde que entró en política, el problema no son sus casos privados sino el encarnizamiento judicial".

Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores, se dirigió al ausente Berlusconi: "Usted y su mayoría aprueban hoy una leyecita que es su enésima decisión inmoral e inconstitucional. Solo en un país bárbaro y dictatorial suceden cosas así. Hasta los niños se dan cuenta. Es una ley humillante para las instituciones, el Parlamento, el país y los ciudadanos. Para consumar su proyecto, obliga a venir a votar a sus ministros que no acuden casi nunca al Parlamento. La enfermedad ética de Berlusconi ha contagiado al Gobierno y puede contagiar al país entero".

La Unión de Centro (UDC), que había impulsado la ley-puente como mal menor para evitar la aprobación de la norma del proceso breve, que cancelaría miles de juicios en curso, decidió abstenerse porque la mayoría no ha retirado la propuesta aprobada en el Senado. "En un país normal, esta ley ni se discutiría. Pero por desgracia éste no es un país normal", dijo el portavoz Vietti. "El primer ministro se considera una víctima de la persecución judicial, y el Parlamento se dedica a seguir sus procesos. El rey está desnudo, y bajo proceso pone en jaque a las instituciones. Esto aparca sus juicios, no los cancela. Sin esa coartada, deberá gobernar y afrontar los problemas graves del país, no podrá escapar de la crisis con sus juicios, y deberá reformar la Justicia".

Según el jefe de filas de la Liga del Norte, Roberto Cota, no hay motivo para el escándalo. "Francia, Estados Unidos, España y Alemania tienen leyes parecidas. El Gobierno debe poder gobernar porque ha sido elegido por el pueblo para ello".


http://www.elpais.com/articulo/internacional/Gobierno/Italia/blinda/justicia/meses/elpepuint/20100203elpepuint_12/Tes

La consejera reitera que Los Gordales acogerá la Ciudad de la Justicia


La consejera reitera que Los Gordales acogerá la Ciudad de la Justicia
Méndez de Lugo, ayer, junto a la consejera Begoña Álvarez. EFE / JUAN FERRERAS


Tanto la consejera de Justicia como el presidente del TSJA volvieron ayer a descartar que la Fábrica de Artillería pueda convertirse en sede judicial tal y como apuntó el martes el presidente de la Audiencia y como también había sugerido el propio decano de los jueces de Sevilla.

Así Augusto Méndez de Lugo salió en defensa del presidente de la Audiencia asegurando que la intención de éste «no era invadir competencias» ya que es a la consejería de Justicia a la que le corresponde dotar de sedes dignas a los jueces y público. «Los jueces no podemos invadir competencias que no nos son propias», recalcó.

En cualquier caso Méndez de Lugo aseguró que quien apueste por la Fábrica de Artillería para uso judicial es que no la conoce porque está catalogada. «No se pueden tocar ni los cañones que hay», recalcó el presidente del TSJA.

Y en la misma línea se mostró la titular de Justicia, Begoña Alvarez, que descartó esa opción e insistió en el proyecto de Los Gordales como sede de la Ciudad de la Justicia. Según dijo, «la Junta de Andalucía no ha parado de trabajar en el proyecto de la Ciudad de la Justicia desde que se asumió» y restó importancia al hecho de que los terrenos no vinieran como pago de la deuda histórica porque, según dijo, hay que resolver otros problemas.

Alvarez explicó que, entretanto la Junta trabaja en «dignificar las sedes actuales»

Sobre las deficiencias que presenta el edificio Noga y que han sido denunciadas por los jueces lo penal, Alvarez afirmó que esos juzgados acaban de trasladarse allí y que «es evidente que hay algunos temas que hay que mejorar».

En cuanto al Servicio Común de Ejecutorias que se anunció para el pasado mes de enero y que los magistrado reclaman, dijo que comenzará durante este mes o a primeros de marzo cuando se perfilen los últimos flecos.

http://www.abcdesevilla.es/20100204/nacional-sevilla-actualidad/consejera-reitera-gordales-acogera-201002032352.html

La solución de la Junta para paliar el caos judicial no sirve a los magistrados


La solución de la Junta para paliar el caos judicial no sirve a los magistrados
El edificio Noga se planteó por la Consejería de Justicia como una solución transitoria hasta construir la Ciudad de la Justicia. J. M. SERRANO

Se mudaron hace sólo unas semanas, a primeros del pasado mes de enero. Sin embargo, los jueces de lo penal no están satisfechos con su nueva ubicación en el edificio Noga, más conocido como el «edificio puente». Por eso el pasado día 22 celebraron una junta de jueces en la que los 14 magistrados de esta jurisdicción denunciaron las graves deficiencias de esas dependencias.

Así, los jueces solicitan que se cree cuanto antes el Servicio Común de Ejecutorias que la Junta de Andalucía anunció para el pasado enero y del que aún se desconoce la fecha en la que comenzará a funcionar. Pero sobre todo, la junta de jueces de lo penal de Sevilla denunció que los juzgados se han trasladado «a un edificio no preparado». «En vez de ajustarse el traje al cuerpo es el cuerpo elque debe adaptarse al traje», dijeron en la reunión.

Por ello reclaman una solución urgente y advierten que debe solucionarse pues de lo contrario se corre el riesgo de errores y retrasos de los que ellos declinan cualquier responsabilidad.

El «desmembramiento» de los juzgados divididos en dos partes es la principal crítica. Y ello porque en la tercera planta se ubican jueces, secretarios, dos funcionarios y un agente y en la segunda cuatro funcionarios y otro agente, lo que supone que jueces y secretarios del mismo juzgado están separados.

Ello provoca un «contínuo trasiego de expedientes y una pérdida de tiempo alarmante» además de grave incomodidad para profesionales y público. Se quejan también del «traslado incompleto» ya que los archivos se han quedado en el Prado lo que supone que los procedimientos se tramitan indebidamente. Se producen situaciones como que hay que desarchivar procedimientos archivados. Y que los agentes en «permanente trasiego» sufran «riesgo, retraso y abandono de otras funciones».

Y tampoco se libera espacio en el Prado mientras los archivos siguen allí pues nadie puede disponer de las habitaciones en las que existen procedimientos de los juzgados de lo penal. «Estos procedimientos quedan bajo la responsabilidad de quien corresponda y sólo quedan libres en el edificio de El Prado los trece despachos de los jueces y trece cuartos de aseo».

Ese desmembramiento es, según los jueces, «contrario» a la tendencia anunciada en la organización administrativa y produce disfunciones «clamorosas» como la dificultad de trasladar detenidos de edificio cuando se requieren actuaciones de ambos tipos de órganos o la necesidad de interesar actuaciones por exhorto al juzgado de guardia o entre diferentes juzgados cuando antes los asuntos se arreglaban sobre la marcha.

Funcionarios hacinados
En cuanto a la falta de espacio, denuncian falta de espacio que provoca el «hacinamiento de funcionarios» o que haya despachos «minúsculos» donde no se pueden tomar declaraciones. «No me cabe el fiscal, la defensa, el procesado y todas las partes», se quejaba ayer un juez.

Esas carencias también están provocando la necesidad de restringir juicios por falta de salas de vistas y la imposibilidad de ampliar la planta de los juzgados. «La imprevisión ha provocado que al tener que poner más armarios y mesas en espacios diseñados para menos, el apelotonamiento de funcionarios y público sea alarmante», dicen. Pero además critican una «falta de intimidad y seguridad» con el público deambulando sin control y un ruido insoportable que no permite a los funcionarios poder concentrarse.

En cuanto a la falta de intimidad, denuncian que los tabiques son tan delgados que se mantienen conversaciones a través de ellos sin levantarse del asiento. Ayer ABC presenció cómo dos jueces de dos despachos contiguos charlaban a través de la pared sin levantar la voz. Ello implica la imposibilidad de realizar actos procesales confidenciales en esos despachos que, además, son más pequeños que los que tenían los magistrados en el Prado.

Menos armarios
La falta de dotación material también ha sido criticada por los jueces, que aseguran que disponen de un 40% de los armarios que tenían para guardar procedimientos. Y eso supone que aún no han podido desembalar muchas cajas. Y dicen que si apilan los procedimientos en el suelo, se haría imposible el paso del público. «Resulta urgente la dotación de este material» ya que, según recuerdan hay 12.000 ejecutorias y unos 5.000 procedimientos abreviados.

A ello hay que unir que la división de un juzgado en dos plantas provoca que al haber sólo un telefax por juzgado los funcionarios de la planta baja tienen que estar continuamente subiendo. Y los despachos de los funcionarios no tienen ventanas ni luz.

Los funcionarios también se quejan

Los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial de lo penal han escrito una carta al juez decano en la que denuncian que al haberse quedado los archivos en el Prado, tienen que recorrer a diario varias veces el camino entre éste y el Noga en el que se tarda uno diez minutos. También se quejan de que no hay oficina de correos. Y de que no tienen ordenadores con lo que se acumulan gran cantidad de escritos que no pueden ser distribuidos al funcionario correspondiente al no poder acceder al sistema Adriano. En cuanto a la sala de vistas no tienen videoconferencias. Tampoco tiene equipo telefónico que permita la comunicación con calabozos, testigos y acusados.

Puente

Al edificio Noga, la Consejería de Justicia le llamó edificio puente, para que se percibiera como una solución temporal. No es más que otra huida hacia adelante ante la afrenta que le ha hecho la Junta a Sevilla. No hay Ciudad de la Justicia ni se le espera. Han pasado ya varias consejeras y como en la oca siguen: «De puente a puente y tiro hasta que me lleve la corriente».

http://www.abcdesevilla.es/20100203/nacional-sevilla-actualidad/solucion-junta-para-paliar-201002022248.html

Linares contará con un quinto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

El Partido Judicial linarense colaborará en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial a lo largo del presente año

Linares contará con un quinto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción


Linares ampliará a lo largo del presente año con el quinto Juzgado de primera Instancia e Instrucción una vez que el Ministerio de Justicia apruebe la propuesta presentada desde la Junta de Andalucía y el tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Asimismo, el objetivo es que Andalucía cuente en 2010 con un total de 24 nuevas unidades judiciales con el objetivo de seguir optimizando el funcionamiento de los órganos y servicios de la Administración de Justicia en la comunidad.

La consejera Begoña Álvarez y el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, que presidieron en el día de ayer un nuevo encuentro de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación, han abogado por analizar los actuales modos de actuación y gestión de las oficinas judiciales y, a la vez, hacer propuestas y diagnósticos para impulsar la calidad en la Administración de Justicia y diseñar métodos eficaces y eficientes.

En este sentido, el alto grado de coincidencia en las necesidades de creación de órganos entre la propuesta de la Consejería de Justicia y Administración Pública y la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han favorecido que se solicite la creación de un nuevo juzgado en el municipio de Linares, siendo este nueva unidad judicial la única en toda la provincia.

Además, se prevé que Linares colabore en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial dentro del grado de entendimiento y colaboración que marca las relaciones entre Junta y TSJA.

En este sentido, y respecto al número de unidades judiciales para el presente año, la propuesta ha sido «adaptada a un nuevo modelo de Justicia que responda convenientemente a las necesidades de la ciudadanía». Según se analizó durante la comisión, «la excesiva pendencia judicial no se está solucionando realmente con el incremento continuo de juzgados».

Por otro lado, para este año, Junta y TSJA pretenden incidir directamente en la especialización de aquellos juzgados que tienen una notable significación en el momento actual de crisis económica. Por ello se ha apostado decididamente por establecer nuevos juzgados de lo Mercantil y reforzar la Primera Instancia en general. Igualmente, se aboga por reforzar los juzgados del orden Penal.

http://www.ideal.es/jaen/v/20100204/linares/linares-contara-quinto-juzgado-20100204.html

Tolosa y Mediavilla confían en que el nuevo modelo de Oficina Judicial mejore la calidad del servicio al ciudadano

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa; y el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, confían en que el nuevo modelo de Oficina Judicial mejore la calidad del servicio al ciudadano en la Administración de Justicia.

Para Tolosa, este nuevo sistema organizativo es "uno de los hitos más importantes en la Administración de Justicia, mientras que Mediavilla señaló que de forma simultánea se acometerá la modernización tecnológica con la introducción del programa informático Vereda a lo largo de este año.

Ambos se expresaron así en la constitución de la Comisión Mixta Gobierno de Cantabria-Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la implantación en Cantabria de la Nueva Oficina Judicial, que se encargará de planificar el diseño y la implantación de la Nueva Oficina Judicial en cada uno de los ocho partidos judiciales existentes en Cantabria.

Lo integran, entre otros, el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Luis López del Moral; el decano de los Juzgados de Santander, José Arsuaga Cortázar; y el director general de Justicia, Juan Carlos Mediavilla, además del nuevo secretario de Gobierno del TSJC, Luis Gabriel García, que precisamente tomaba hoy posesión.

Este organismo celebrará su segunda reunión dentro de unos diez días y comenzará a estudiar los documentos y mecanismos para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Las leyes que incorporan los cambios necesarios para implantar este nuevo método de trabajo entrarán en vigor el próximo 5 de mayo, y su ejecución será a lo largo de la legislatura.

Pero dado que la aprobación de la propia Oficina se produjo en 2003, las sedes judiciales de la comunidad han podido adaptar sus infraestructuras físicas a este nuevo método, que unifica distintos servicios de funcionamiento en los Juzgados. Y la nueva sede de Torrelavega se ha diseñado teniendo en cuenta ya tanto la Oficina Judicial como el programa Vereda.

Tolosa apeló a los principios de "colaboración y consenso" entre Administración autonómica y Administración de justicia para "trabajar en la misma dirección" y así "alcanzar el éxito en la implantación" de la Oficina.

Mediavilla añadió que, en paralelo, el Gobierno de Cantabria trabaja en el grupo estatal de la Oficina Judicial, además de en la implantación del programa Vereda y de la elaboración de la relación de puestos de trabajo.

Ambos precisaron que esta nueva relación no se traducirá en un incremento de plantilla en la Justicia, y no supone ninguna variación "especial", salvo la definición de las funciones, además de no afectar ni a los secretarios judiciales ni a jueces o magistrados, es decir, que se centra en los funcionarios.

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